Del punitivismo al acompañamiento: Repensar la ley de drogas y desestigmatizar el consumo


El paradigma mundial está cambiando y la discusión en torno al consumo y al consumo problemático vira de la estigmatización y el punitivismo al acompañamiento y la información. En el medio, el impulso a la investigación científica y medicinal del cannabis ayuda y estimula a una nueva ley que distinga a la planta de lo que ordinariamente llamamos “drogas”.

El paradigma mundial está cambiando desde hace algunos años y la discusión en torno al consumo y al consumo problemático vira de la estigmatización y el punitivismo al acompañamiento y la información para los usuarios. En el medio el impulso a la investigación científica y medicinal del cannabis ayuda a este proceso y estimula a una nueva ley que distinga a la planta de lo que ordinariamente llamamos “drogas”.

CAMBIO DE PARADIGMA

Desde el año 2013, todos los 26 de junio alrededor del mundo se celebra la Campaña Internacional “Support Don’t Punish / Acompañe no castigue” como alternativa al tradicional “Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”. Esto es bien demostrativo de lo que surge como parte del cambio paradigmático en torno al consumo, las drogas y en particular en relación al cannabis y sus diversos usos: se trata de acompañar y no castigar.

Actualmente la Ley argentina 23.737 penaliza la tenencia para el consumo o el autocultivo y esto es lo que impulsa a quienes desde diferentes sectores de la sociedad reclaman por políticas de drogas más efectivas pero también más humanas, para -de a poco- dejar atrás el mensaje tradicional y penalizador basado en la lucha contra las drogas que insiste en seguir instalando discursos abstencionistas e instituciones de aislamiento.

Si bien éste es un proceso lento y minucioso, organizaciones de la sociedad, de la ciencia y de la política avanzan paso a paso en lograr este cambio no solo de legislación, sino de la mirada social sobre esta cuestión.

Por eso el diario convocó a la diputada nacional de Entre Ríos por el Frente de Todos, Carolina Gaillard; a la presidenta de Mamá Cultiva Argentina, Valeria Salech; y a la diputada Nacional por CABA – Evolución UCR, Dolores Martínez; quienes con diferencias ideológicas y de posiciones consiguen coincidir en una cosa: dejar atrás la lógica punitivista.

ACOMPAÑAR

Cuando hablamos de “acompañar”, se trata de alojar en las redes de cuidado a los usuarios de drogas, aceptar que sea que consuman, abusen o dependan de las drogas son ciudadanos a quienes el Estado debe preservar su derecho a la salud, a información verídica y pragmática, dispositivos asistenciales, estrategias de reducción de daños si no pueden o no quieren dejar de consumir para que lo hagan con los menores riesgos y daños posibles.

Es decir, sacar el foco de la cuestión de la sustancia, y trasladarlo al vínculo de los individuos con la misma, desde una estructura más compleja asistencial, informativa y de contención.

En este sentido desde la Asociación Civil Mamá Cultiva Argentina se promueve el uso del cannabis para la salud y el autocultivo con ese mismo fin, además del diseño y puesta en marcha de políticas públicas que garanticen un acceso justo para quienes lo necesiten.

Esta organización que ha sido una de las grandes protagonistas en la lucha por la construcción de un paradigma de salud soberano participó de la construcción de la Ley 27.350 y lograron la incorporación del artículo 8, a través del cual se incorporó el Registro del Programa de Cannabis para el cultivo controlado.

Se trata de una ley de investigación, que no es lo que nosotras queríamos, porque nosotras queríamos una ley que regulara el uso de cannabis medicinal, sin embargo, -lamenta Valeria Salech- durante cuatro años de macrismo ese artículo 8 no se implementó, ni reglamentó”, expresó la presidenta de la organización, Valeria Salech, al valorar que Argentina hoy acompaña con voluntad política los cambios de perspectiva, también en el ámbito legislativo.

En ese sentido, la titular de Mamá Cultiva valoró “el hecho de que el ministerio de Salud, con una pandemia de por medio azotando a la humanidad a nivel mundial, se haya comprometido a implementar ese registro y reglamentarlo en un año”.

“La verdad a nosotras nos parece un avance muy importante y nos damos cuenta porque tuvimos mucha demanda en nuestros espacios de formación de cultivo y eso fue porque mucha gente que quiere gestionar su salud pero tiene miedo de ir presa. Con el respaldo del Estado nos da mucha tranquilidad. El hecho de poder viajar de un lugar a otro con goteros o con flores en todo el país es un avance importante y una forma de seguir acercándonos al cambio de paradigma que la sociedad se puso al hombro”, reflexionó.

UNA PUERTA ENTORNADA

Asimismo, Salech, con una mirada optimista sobre el proceso de cambio, remarcó que “estamos transitando un cambio de paradigma, como que había una puerta cerrada que se está abriendo, pero todavía está entornada, no se abrió de par en par”.

“En cuanto a este proceso que lleva un tiempo y mucho trabajo porque venimos de la mal llamada ‘guerra contra las drogas’ y vamos hacia una sociedad madura que entiende que el mundo es con drogas y que hay que apelar a la responsabilidad, al uso conciente y eso no pasa ni de la noche a la mañana, ni por la voluntad de unas pocas personas
”, aclaró. Y añadió que “esto se hace en los ámbitos de la sociedad civil, las organizaciones sociales y desde los lugares de formación con lo que desde Mamá Cultiva estamos muy comprometidas”.

UNA LEY VETUSTA

Es que más de treinta años de vigencia de esta ley han demostrado no sólo su inutilidad, sino especialmente su fracaso. El fallo de la Corte Suprema conocido como “fallo Arriola” en 2009 reivindicó el derecho a la privacidad de los usuarios de drogas, el “to be let alone” del derecho anglosajón, al declarar inconstitucional el articulo 14 de la ley de drogas 23.737 que penaliza la tenencia para consumo personal.

Pero el fallo de la Corte no ordenó la despenalización pero sí la legitimó. El fallo “declara que el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales”.

Así el nuevo Código Civil que enfatiza, en armonía con la ley de Salud Mental 26.657, que “deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades” no tiene posibilidad de implementación para los usuarios de drogas, que bajo la ley 23.737, deben elegir entre cárcel y tratamiento. En múltiples casos, los usuarios de drogas no terminan en la cárcel por tenencia para uso personal, sin embargo sí en tratamientos compulsivos en el marco de las medidas de seguridad curativas, y sí obviamente enfrentando los daños de una causa penal y la estigmatización que conlleva. Además cuando las causas duermen en los cajones de Tribunales, con todo el costo que esto supone, ello no obvia los daños que produce en la vida del sujeto la inmersión del Derecho en el ámbito de su privacidad.

Al respecto, la diputada nacional por el Frente de Todos Carolina Gaillard, quien integra la comisión de Salud y presentó un nuevo proyecto de Ley de regulación Integral del Cannabis que interpele esta necesidad de cambios en torno al consumo, refirió en diálogo con el diario que “la 27.350 es lo que se pudo en un contexto muy adverso en el que gobernaba el macrismo y no había voluntad política en avanzar en una reglamentación y regulación integral”.

“Nosotros desde la comisión de salud impulsamos la regulación integral del cannabis, pero no se pudo. Se trataba de garantizar el acceso y la producción”
, resaltó. Mientras que agregó que “creo que hoy seguimos avanzando, aunque sigue teniendo muchas limitaciones y no se puede impulsar una industria en torno al cannabis y que haya productos disponibles para los usuarios que no quieran o no puedan proveerse a través del autocultivo y puedan hacerlo a través de las farmacias y otros establecimientos”.

CONTRADICCIONES

Es que la ley de 27.350 es una ley de investigación, que con la suma del REPROCAN expandió –dentro de sus limitaciones- la conquista de derechos. Al respecto Valeria Salech, analiza que “lo que ahora necesitamos es que esa ley no incluya cannabis porque es una contradicción, o bien tener una nueva ley que regule todos los usos y en ese sentido también saber que el mundo está yendo hacia la aceptación de la realidad, dejando de pelear contra algo que no se puede pelear”. “Se impone una nueva ley de regulación de cannabis, y después será de otras drogas también. Esta ley está dando todo lo que puede dar pero necesitamos una ley mas amplia y que regule todo”, sostuvo.

En este mismo orden, la diputada Gaillard, que impulsa una nueva ley más amplia reguladora del uso de la planta, sumó que “normativamente, la 27.350 con su decreto reglamentario 883 permitiendo el autocultivo de los usuarios medicinales, después de esta nueva ley que tiene media sanción del senado – y que es la regulación del cannabis medicinal y el cáñamo industrial que crea la agencia para otorgar autorizaciones a empresas o pequeños y medianos emprendedores que quieran dedicarse a la actividad- nos falta un elemento fundamental que es la despenalización del consumo personal”. “Ya tenemos el proyecto listo para presentarlo en el mes de febrero y esperamos poder tratar el año próximo”, aclaró.

LA PROHIBICIÓN: NO ES POR AHÍ

En esta misma línea la diputada nacional de Juntos por el Cambio Dolores Martínez (integrante de Evolución – UCR) fue consultada por el diario y consideró que “es importante entender de dónde venimos: durante un tiempo estuvimos en el camino de la prohibición y esto trajo más puntos de conflicto que soluciones”.

“Hay áreas como de producción, educación y salud que son importantes de incorporar. Ya se ve en el tema de adicciones esto, es cierto que en este nuevo contexto el Estado va a tener que innovar en este sentido, por ejemplo el factor seguridad me parece que va a seguir siendo importante porque legalizar sustancias no hace que el narcotráfico deje de existir, hay muchas experiencias en esta línea para observar”, expresó.

En estas cuestiones, las diferencias partidarias no son sustanciales a la hora de discutir un cambio de perspectiva sobre el consumo y las sustancias, sino que es más bien un proceso de derribar prejuicios y preconceptos erguidos durante una enorme cantidad de años, y se trata de interpelar a aquellos sectores más conservadores de cada espacio político con nueva información y pruebas certeras sobre la importancia de andar estos nuevos lineamientos. Algo similar a lo que ocurrió en el proceso de la campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, que incluso tuvo que ser rechazada tras una media sanción en el 2018 para alcanzar los resultados positivos del 2020.

“UN TRABAJO SUBTERRANEO”

En ese mismo camino, la diputada Martínez indicó que “hay discusiones que se dan a una velocidad que no permite superar los prejuicios y es clave en estos tema”. Por eso, señaló, “si bien la edad es un factor, hay discusiones que requieren romper el statu quo y para eso construir consensos”.

“Creo que en este sentido es interesante lo que pasó con la Ley del aborto, animarse a dar el debate en el Congreso, el 2018 fue clave para el 2020”, reflexionó, y ejemplificó que “todo ese proceso más los años de lucha muestra un poco lo que podría llegar a pasar con la despenalización del consumo del cannabis”.

“Y después de ver ese proceso, incluso desde el fracaso del 2018 (porque se vio como se rompía el orden imperante, porque pasó algo en el Congreso), que es que hay un trabajo que si bien es más subterráneo y de reuniones informativas, es muy importante”, indicó. Al tiempo que contó que “aunque esas reuniones sean informales se ve cómo es importante el trabajo de convencer a otros. El trabajo es difícil, pero dentro del oficialismo y dentro de la oposición hay que hacer un trabajo de hormiguita sumando información, limando diferencias y llegando a acuerdos”.

POLÍTICA DE ESTADO

Según Carolina Gaillard, desde el proyecto nuevo que impulsa la Comisión de Salud en Diputados, la regulación integral para la producción del cannabis medicinal en cáñamo industrial “tiene que ser una política de Estado”.

“Ya se ha visto que muchos usuarios y pacientes utilizan el cannabis para diversas patologías y por otra parte el cáñamo industrial es un verdadero insumo para productos posibles de vender en el mercado, se trataría de una industria que generaría muchos puestos de trabajo y divisas”
, señaló.

Tal es así que  la actual Ley, la 27.350 no autoriza la producción privada o comercialización y exportación: “Son limitaciones de la ley actual que deberían ser resueltas por la nueva regulación que crea la ARICAME, la agencia que regula el cannabis medicinal y el cáñamo industrial”, explicó Gaillard.

NUEVO PROYECTO

“Primero está la ley vigente y próximamente reglamentaremos la regulación integral del cannabis medicinal y cáñamo industrial para lo productivo.  La tercer pata es modificar la ley de estupefacientes que es la 27.737 para que efectivamente ninguna de las actividades vinculadas a la tenencia o al uso para consumo personal sean penalizadas. Creo que el Estado tiene que estar presente para cuidar, proteger y acompañar, no para penalizar y estigmatizar”, sostuvo la diputada del Frente de Todos.

En tanto consideró que “el mundo ha virado desde la perspectiva de derechos humanos, no desde el prohibicionismo y las miradas conservadoras, el mundo cambia de paradigma y nosotros tenemos que ir de esa mano, entendiendo que los humanos eligen qué sustancias consumir para que se haga con una regulación del Estado”. “Y no puede ser delito cultivar una planta. Todavía falta mucho, la despenalización vendría a darle solución a la problemática de que todavía hay muchos presos por plantar, y todavía hay muchos allanamientos”, recordó además.

El proyecto cuenta con antecedentes: las legislaciones de Canadá, Uruguay, Colombia y California en Estados Unidos. Apunta a fomentar proyectos de inversión pública, privada y mixta en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Para esto, prevé la creación de un órgano rector y articulador de la cadena para maximizar los mecanismos de regulación y control de cada uno de los sectores.

En tanto se prepara el texto para dar un marco regulatorio claro y seguro que fomente las inversiones, en el plano productivo se comienzan a avisorar proyectos: a fines de enero, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la compañía Pampa Hemp firmaron un acuerdo público-privado para investigar y producir cannabis medicinal en el país. El foco estará puesto en las actividades de investigación y desarrollo y productivas con el desarrollo de técnicas de cultivo de cannabis con diferentes variedades genéticas, así como el diseño de protocolos de producción apoyados en la integración y desarrollo de tecnologías locales de trazabilidad, inteligencia artificial aplicada, automatización, sensorización y monitoreo de cultivos que resulten posteriormente escalables a nivel agronómico. En una segunda etapa el objetivo de INTA y Pampa Hemp será el desarrollo de genéticas propias para fines medicinales y otros usos, mediante la estabilización de variedades locales y la creación de un banco de semillas de cannabis que permita contar con germoplasma adaptado a las condiciones de la geografía y clima del país.

SUJETOS QUE CONSUMEN

Quizá sea hora de resignar fórmulas vacías de contenido -“Argentina sin Narcotráfico”; “Venceremos a las drogas”- en beneficio de una política de drogas en la cual la seguridad no sea sinónimo de restricción de políticas sociales y sanitarias y persecución y criminalización de la pobreza. Una política de drogas que definitivamente parta de reconocer que la causa del problema no es el objeto, sino los sujetos que lo consumen y la manera en la cual lo hacen y a partir de ello orientar las respuestas en los abordajes clínicos, socio comunitarios y de reducción de daños. Este es un proceso que objetivamente tiene que ser acompañado de todos los sectores intervinientes, -con respecto al cannabis independientemente del uso que se le de a la planta- y este es el debate que tenemos que la sociedad se debe. Tiene que haber responsabilidad en el manejo de la información y acceso a la misma en todos los ámbitos.

Fuente: politicargentina.com

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