Ley de Alquileres, en el Senado: cuándo tratarán proyecto que fija contratos a 2 años y ajustes cuatrimestrales


El proyecto de reforma de la Ley de Alquileres se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados tras más de un año de marchas y contramarchas. Al parecer esa situación no se repetiría en el Senado, donde prevén empezar a discutir la iniciativa en comisiones el próximo martes tras un reclamo del interbloque Juntos por el Cambio de acelerar el tratamiento de este tema.

Los senadores tienen previsto constituir a la Comisión de Legislación General -que todavía no tiene designadas a sus autoridades- a las 17:00 y realizar una hora después una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto que propone modificar el marco normativo actual y volver a los contratos de dos años con ajustes cuatrimestrales.

Así lo confirmaron al diario fuentes de la Cámara alta que señalaron, además, que esta sería solo la primera ronda de debate y que la firma de los dictámenes para poner el tema a votación en el recinto quedaría para más adelante.

La velocidad de la convocatoria marca una diferencia notable respecto del accidentado y largo recorrido que tuvo el proyecto en Diputados. Esa premura tiene que ver, en parte, con la presión inicial de Juntos por el Cambio a la bancada oficialista que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner y que encabeza las comisiones. Pero en la oposición sospechan sobre una posible jugada política detrás de esa inesperada celeridad.

Ley de Alquileres: la presión de Juntos por el Cambio para apurar el debate

Los diputados de Juntos por el Cambio fueron los que impulsaron el proyecto junto a otros bloques opositores y, tras haber logrado darle media sanción, los senadores quisieron evitar una demora que parecía bastante probable dado que la Cámara alta se encuentra prácticamente paralizada por la incapacidad de encontrar acuerdos, en un contexto en el que ningún sector tiene quórum propio.

Ante ese escenario, inmediatamente después de que la iniciativa ingresara al Senado el interbloque opositor que preside el radical Alfredo Cornejo envió una nota a Cristina Kirchner y al secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, para pedir “la urgente constitución de la Comisión de Legislación General” con el fin de tratar el tema sin demoras.

Ese cuerpo no se reunió en todo el año y por esa razón todavía no tiene presidente ni vice. Para empezar a funcionar debe cumplir con esas designaciones. El oficialismo concedió rápidamente el pedido y en Juntos por el Cambio algunos sospechan que el kirchnerismo intentará “negociar los pliegos judiciales”, a cambio del tratamiento del proyecto opositor, según una fuente consultada por el diario.

En el Senado están trabados hace meses decenas de pliegos entre los que se destaca el de Ana María Figueroa, integrante de la Cámara de Casación Penal que debe decidir si se reabre o no la causa Hotesur-Los Sauces que involucra a Cristina Kirchner. Con 75 años cumplidos, necesita acuerdo de la Cámara alta para seguir en el cargo por otros 5 años. La oposición lo rechaza, el oficialismo todavía no consiguió quórum para sesionar y esa pelea mantiene todo paralizado.

Por esa razón, algunos senadores de la principal bancada opositora olfatean un posible intento del oficialismo por abrir una negociación política que ponga sobre la mesa los pliegos judiciales y el proyecto de reforma de Ley de Alquileres. En el oficialismo, por ahora, guardan silencio.

¿Qué necesitará la oposición para aprobar la reforma?

La bancada de Juntos por el Cambio ya empezó a negociar con otros sectores para tratar de construir una mayoría que le permita alzarse con el dictamen y aprobarlo en el recinto en una futura sesión. El principal espacio opositor tiene 33 senadores, mientras que el Frente de Todos cuenta 31. Para tener quórum se requieren 37, por lo que los 8 que están en el medio son clave.

En ese sentido, la oposición mira con atención al senador y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien en el último tiempo empezó a tomar distancia de la alianza que mantenía en el recinto con el Frente de Todos. Los diputados de su espacio votaron a favor de la reforma.

Por otro lado está el bloque Unidad Federal integrado por cuatro senadores que se fueron del Frente de Todos a principios del año y por la cordobesa Alejandra Vigo, punto de Juan Schiaretti. Según supo iProfesional Juntos por el Cambio también está en conversaciones con miembros de este espacio. La postura de Vigo, sin embargo, es una incógnita dado que Natalia de la Sota -del mismo espacio- votó en contra en Diputados.

Luego está el caso de la senadora del Frente Renovador de la Concordia Misionero, Magdalena Solari Quintana, que suele ser contada por el oficialismo como una aliada. Sin embargo, en la Cámara de Diputados el legislador de ese partido Carlos Fernández acompañó el proyecto de la oposición.

Juntos por el Cambio tiene chances de lograr un acuerdo para aprobar la iniciativa y reformar la Ley de Alquileres, aunque nada está definido. Primero se dará la pulseada por el dictamen de mayoría en las comisiones. En Legislación General la principal bancada opositora tiene 7 senadores y el Frente de Todos 6, a quienes se agregan 3 de Unidad Federal y la mencionada Solari Quintana.

Es una composición muy repartida a la que se suma la de Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo tiene 8 más la riojana Clara Vega, una aliada frecuente. Juntos por el Cambio cuenta con 7 lugares y el restante es del entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal.

Qué dice el proyecto para modificar la Ley de Alquileres

La Ley de Alquileres vigente desde 2020 estableció contratos de alquiler de 3 años con ajuste anual calculado sobre la combinación de los índices de inflación y de variación salarial. Para el sector de las inmobiliarias, estas condiciones generaron el derrumbe de la oferta de inmuebles y la disparada de los precios de base.

El proyecto aprobado en Diputados vuelve a los contratos de dos años y señala que el ajuste del valor será “con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos podrá realizarse por períodos “no inferiores a los 4 meses”.

En tanto, el ajuste del precio también quedará sujeto al acuerdo entre partes “pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayorista (IPM) y/o el índice de salarios” e incluso, una combinación de cualquiera de todos ellos.

El proyecto establece además que no puede exigirse al inquilino o locatario el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes y ofrece distintas exenciones impositivas para tratar de alentar la oferta que, por ejemplo en la Capital Federal, se redujo a menos de 500 inmuebles.

En ese sentido, propone exenciones sobre el monotributo para los propietarios que no realicen más de tres actividades o no posean más de tres unidades de explotación y también para el pago del impuesto a los Bienes Personales sobre los bienes ofrecidos en alquiler “para casa-habitación, con contratos debidamente registrados”, aunque con un tope a determinar según el valor del contrato.

Fuente: iprofesional.com

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