Una tabacalera ¨dudosa¨ ya maneja el 45% del mercado de cigarrillos local


Cuando asumió su cargo, Javier Milei fue muy explícito en sobre la responsabilidad de arreglar tres problemas fundamentales que sufre la Argentina como la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos.

Llegó a la presidencia del país planteando un modelo distinto al modelo empobrecedor de los últimos 100 años y envió al Congreso la llamada Ley ómnibus en el que se refleja el ideario ¨libertario¨ que fue frenado por la oposición, a quienes el Jefe de Estado califica como ¨un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta¨.

En la iniciativa, Milei hace referencia, como ejemplos de ¨negocios espurios¨ a la industria pesquera, y a un empresario a quien califica como ¨el Señor del tabaco¨, por hacer lobby y “persuadir” a políticos para defender sus intereses.

Se trata de Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, a quien también en el sector lo bautizaron como el ¨Yabrán del tabaco¨, quien desde hace ya varios años comercializaría las marcas que produce su empresa sin el correspondiente pago de los impuestos que el resto de las compañías, en especial las multinacionales, abonan todos los meses para engrosar las arcas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el llamado Fondo Especial del Tabaco.

De hecho, en la Ley ómnibus se redactó un capítulo de Impuestos Internos que establece una suba de la tasa a los cigarrillos del 70% al 73% y elimina el Impuesto Mínimo.

Según las autoridades, dicha modificación busca traer igualdad a un sector que desde hace ya casi 10 años se ve distorsionado por medidas judiciales por las que sólo algunas empresas no tributan el Impuesto Mínimo.

Pablo Otero es dueño de Tabacalera Sarandi.

Es decir, aplicar la misma forma de tributar a todas las compañías del sector, eliminando el Impuesto Mínimo de forma que ninguna compañía tenga que pagar, como mínimo, $ 517 por paquetede cigarrillo, pero subiendo el impuesto interno de 70% a 73% con el objetivo de no perder más recaudación para el Estado Nacional y no permitir que se continúen vendiendo cigarrillos a precios muy bajos.

Sin embargo, Tabacalera Sarandí se encontraría llevando a cabo un fuerte lobby en contra de eliminar ese tributo, en una actitud activa para que esta modificación no sea aprobada, y buscando perpetuarse en una posición que solo le conviene a dicha empresa al ser la única que no pagaría el principal impuesto del sector, tal como acusan expertos conocedores de los negocios de Otero.

En este sentido, un documento elaborado por la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación, trata el tema de los impuestos en la página 14, bajo el título Impacto Fiscal.

En el cuadro 10, página 15, se muestra una proyección de cómo cambiaría la recaudación frente al PBI, si se elimina el Impuesto Interno Mínimo y se sube la alícuota de 70% a 73%.

Como porcentaje del PBI pasaría de ser de 0,325% a 0,342% y si se toma un PBI de u$s 621.833 millones (según estimaciones del FMI para 2023) implicaría que la recaudación total que pasaría de los u$s 2.021 millones a u$s 2.127 millones, un aumento de más de u$s 100 millones o un 5,2% más de lo que recauda actualmente.

Investigación en curso

A partir de la ¨inacción¨ del gobierno kirchnerista, con el que Otero habría tenido aceitados lazos, la nueva administración libertaria comenzó con la tarea de investigar los negocios del dueño de Sarandí, luego de que la Ley ómnibus volviera a Comisión para ser tratada nuevamente.

Un cuerpo especial de funcionarios nombrados por el Gobierno sería el encargado de estudiar los vínculos que Otero tendría con diferentes sectores políticos de los que habría venido recibiendo protección, así como para presentar ante la Justicia sendos pedidos que terminen con los amparos que le permiten al empresario ¨jugar¨ en diferentes condiciones al resto de las tabacaleras, no abonando los tributos que el resto de la industria desembolsa mes a mes.

Es que la historia dice que, en diciembre del 2017, la Ley 27.430 estableció un piso en el precio de los cigarrillos mediante un Impuesto Mínimo a la venta en todo el país, que en la actualidad no se cumple. Esto se debe a que algunas compañías tabacaleras, principalmente Sarandí, se presentó ante distintas sedes judiciales y logró medidas cautelares para quedar exento de cumplir con el principal impuesto del sector, el Impuesto Mínimo, hoy fijado en $ 517,15 por atado.

A partir de este hecho, que le permitiría vender sus marcas a precios mucho más baratos que el resto, Otero llevó a la empresa a ocupar el segundo lugar detrás de Massalin y por encima de la ex Nobleza Piccardo.

La actual BAT Argentina viene reduciendo su posición en el sector local, tras haber vendido su planta que se encontraba ubicada en la localidad bonaerense de San Martín, y cada vez pierde más presencia, no sólo por decisión propia sino también por los coletazos de la inflación en esta industria, donde los consumidores se vuelcan a marcas más económicas pero que, a la vez, lo pueden ser por incumplir con las normas fiscales establecidas por el Estado nacional.

¨¿Protección?¨ judicial

De este modo, las medidas cautelares que habrían sido otorgadas por la Justicia Federal le habrían permitido a Otero y su Tabacalera Sarandí comercializar sus productos a un precio muy bajo, a un tercio del valor que pagan las empresas que sí cumplen los impuestos como indica la Ley.

Esta diferencia de precios le habría permitido aumentar su participación de un 8,5% a más del 45% del total del mercado de cigarrillos, en detrimento de las empresas que pagan los impuestos y afectando la recaudación del Estado Nacional.

La distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante AFIP y tributa por sus productos a precio muy bajo como por ejemplo: Red Point $ 434; Master $ 408; Kiel $ 373; mientras que en los kioscos las mismas marcas se venden en alrededor de los $ 1.000 a $ 1.100 por atado. Es decir, un 50% del precio de venta al público, entre $ 600 y $ 700 que ganaría de manera informal y por fuera de las normas establecidas.

A diferencia, se puede sostener que los precios de las marcas que sí pagan el impuesto interno son Rothmans, $ 1.090; Lucky Strike, $ 1.360; Camel $ 1.360. Mientras, los precios de Massalin Particulares son, por ejemplo, el Marlboro a $ 2.460; Philip Morris a $ 2.210; y Chesterfield a $ 1.430.

Es más, todos los valores de los cigarrillos que se comercializan en la Argentina se pueden ver en la página web de AFIP: Listado de Precios | AFIP -Administración Federal de Ingresos Públicos.

Pérdida de ingresos

Se estima que el crecimiento de mercado de Sarandí del sector habría tenido un costo fiscal por la pérdida de recaudación de más de u$S 2.500 millones en los últimos ocho años, recursos que le son quitados al gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, el ANSES y la producción primaria.

Si bien hay otras tabacaleras que habrían seguido el mismo ejemplo que Sarandí, la empresa de Otero sería la principal causante de semejante pérdida recaudadora que se profundizó a partir del 2017.

Ese año, Tabacalera Sarandí contaba con menos de un 5% de participación de mercado y se presentó ante la Justicia con el objetivo de cuestionar la constitucionalidad del Impuesto Mínimo.

Todos los valores de los cigarrillos que se comercializan en la Argentina se pueden ver en la página web de AFIP.

El reclamo recayó en la Justicia Federal, que le otorgó una medida cautelar para que no se le aplique el mínimo o piso en el cálculo de sus impuestos, lo cual desencadenó un litigio con la AFIP que fue avanzando en todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Siguiendo la línea de tiempo de la disputa, en el 2020, el conflicto desembarcó en el máximo tribunal de justicia de la Nación que finalmente el 13 de mayo de 2021 falló en contra de Sarandí y dejó sin efecto su medida cautelar, lo que la obligaba a pagar el impuesto mínimo y generó un precedente en las demás causas.

Resistencia permanente

Sin embargo, la compañía de Otero continuó con su postura al punto que, en junio de 2022, el litigio tuvo un nuevo capítulo cuando el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 6 tuvo en sus manos la posibilidad de dictaminar sobre la cuestión de fondo. Es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo.

En esa oportunidad, la Justicia tomó la decisión de seguir evitando que las empresas fabricantes de cigarrillos, específicamente Sarandi, comiencen a pagar los impuestos correspondientes por Ley.

Lo hizo el juez federal Enrique Lavie Pico, quien dictaminó la inconstitucionalidad de dicho tributo, pronunciándose en contra de la AFIP y hasta de la propia Corte Suprema.

El año pasado, la cuestión de fondo de esta causa, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Impuesto Mínimo, llegó nuevamente a la Corte Suprema, que todavía no ha fallado al respecto.

Paradójicamente, pese a que Argentina es un gran productor y exportador de tabaco, también Sarandí importa en forma de hebra, listo para utilizar en la producción de cigarrillos que, en promedio, incluye 0.7 gramos de hebra.

Según datos oficiales, en el 2022, la tabacalera de Otero importó u$s 44 millones en tabaco de Brasil con un precio promedio de importación de hebra de u$s/kg 3.5, en algunos casos pagando hasta u$s/kg 5.1.

El Yabrán de las tabacaleras

Según fuentes de la industria, a Otero lo bautizaron con el apellido del ex dueño de OCA y polémico empresario de los años 90 que fue perseguido por la justicia por haber ordenado el asesinato del fotógrafo de Perfil, José Luis Cabezas.

Lo hacen porque su estrategia, dicen, sería similar a la de Alfredo Yabrán en aquellos años cuando se beneficiaba frente a sus competidores desplegando innumerables mecanismos de ¨ahogo¨ y ¨presión¨, en el marco de un mecanismo considerado por algunos como extorsivo.

Además, y como lo hacía también Yabrán, Otero dice estar afrontando una hipotética ¨pelea¨ contra las multinacionales del sector como Philips Morris y Nobleza Piccardo, ¨mientras estaría persiguiendo y extorsionando a sus competidores más pequeños para ponerlos en dificultades financieras, arrebatarles las empresas, y ¨comerles¨ su participación en el mercado¨, tal como describen fuentes de la industria que prefieren el anonimato para evitar represalias.

Un ¨bon vivant¨ automotriz

Argumentan también que, con los millones del tabaco Otero se habría transformado en un verdadero bon-vivant, con negocios y propiedades en varios países.

El empresario, de 53 años, sería, por ejemplo, el único latinoamericano en la Porsche Supercup y sus adversarios sostienen que encanaría la definición en persona del “Gentleman Driver”; piloto aficionado que corre en automovilismo con el objetivo de disfrutar y divertirse, sin la presión por los resultados que tienen los corredores profesionales.

En mayo 2023, en el mismo escenario y durante el mismo fin de semana donde Max Verstappen festejó su triunfo en el Grand Prix de Montecarlo, Otero habría girado con su 911 GT3 Cup de 510 caballos de en la Porsche Supercup de Mónaco, que es la categoría monomarca que acompaña a la Fórmula 1 cuando corre en circuitos europeos. La experiencia habría durado poco: Otero habría chocado durante los ensayos y no llegó a clasificar entre los 26 mejores para poder largar la carrera del campeonato Porsche Supercup.

Además, su crecimiento en el segmento de los cigarrillos le habría permitido diversificarse hacia otros negocios como real estate. De hecho, hoy ya contaría con una red de negocios y empresas que incluyen inversiones financieras, inmobiliario, planificación de eventos deportivos y artísticos.

Como factor común, las fuentes consultadas por iProfesional sostienen que todas las empresas relacionadas a la familia Otero tendrían baja actividad económica, muchas veces inexistente, y utilizarían diferentes jurisdicciones para operar, principalmente, Argentina, Brasil, Panamá, países del Caribe y Estados Unidos.

Investigado en Estados Unidos

Particularmente en Estados Unidos, la red de empresas de los Otero contaría con vastas inversiones en real estate. Sin embargo, según fuentes consultadas radica en la embajada americana una denuncia en la cual se investiga a Otero, través del propio gobierno norteamericano por la supuesto comisión del delito de lavado de activos, ya que no podría justificar los ingresos de sus empresas radicadas en el país del norte que le permitiría solventar las inversiones en real estate que han adquirido.

Pero, más allá de todos estos negocios, Otero también habría ingresado en las telecomunicaciones cuando en diciembre del año pasado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó la operación de compra de Net TV, con el ingreso del Grupo Madero Sur, dueña de Tabacalera Sarandí que se transformó en socio minoritaria del canal.

Así, Net TV ahora pasa a estar constituido por tres compañías con una distribución queda establecida de la siguiente manera: 70% para el grupo de medios Perfil; 22,5% para la productora Kuarzo y, ahora, un 7,5% para el Grupo Madero Sur.

¨El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte¨.

Fuente: iprofesional.com

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